Antamina advirtió que el Perú podría perder inversiones mineras si las empresas encuentran cada vez más dificultades para desarrollar sus proyectos. Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina, señaló que la falta de predictibilidad, los trámites administrativos y los conflictos sociales pueden hacer que los capitales busquen otros países con condiciones similares y mayor seguridad para invertir.
La advertencia se produce en un contexto en el que desarrollar un proyecto minero en el Perú requiere largos periodos de exploración, permisos y evaluación. Según Cooper, uno de los principales problemas está en la dificultad para conocer con claridad cuánto tiempo y qué costos implicará cada procedimiento. A esto se suma la necesidad de una presencia más constante del Estado en las zonas mineras para atender las demandas sociales y evitar que las empresas tengan que asumir funciones que corresponden a las instituciones públicas.
«Si operar en el Perú se vuelve demasiado complejo, la inversión puede dirigirse a otros países que también cuentan con potencial geológico.»
El riesgo no se limita a los trámites. Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que la inseguridad se convirtió en el factor que más aumentó como preocupación para la inversión minera desde 2019. Para 2025, el 64% de las empresas relacionadas con el sector minero consideraba que la inseguridad desalentaba la inversión en el Perú, frente al 27% registrado en Chile. Instituto Peruano de Economía. El IPE también advierte que un proyecto minero puede tomar décadas antes de llegar a producir. En promedio, en el Perú el desarrollo de una mina demora alrededor de 40 años desde sus primeras etapas, mientras que en proyectos de cobre el periodo puede llegar a 62 años. Esto muestra la importancia de contar con reglas estables y plazos previsibles para que las empresas puedan planificar inversiones de largo plazo.
El reto para el Perú será mantener su atractivo como destino minero sin reducir los estándares ambientales ni sociales. Para ello, Antamina plantea mejorar la eficiencia de los procedimientos y fortalecer la presencia del Estado en las zonas donde se desarrollan proyectos mineros. Mientras tanto, el debate sobre seguridad, permisos y estabilidad jurídica continuará siendo determinante para definir si las nuevas inversiones permanecen en el país o buscan otros destinos.